El turno de los trabajodores
La colonización de la Justicia llega al fuero laboral
Lucha por el derecho, pero cuando tengas que optar entre el derecho y la justicia, elige la justicia.
Eduardo Couture
El martes venidero se iniciará el seminario internacional La implementación del sistema acusatorio en la Justicia Penal Federal en Argentina. El evento se llevará a cabo en Salón de Honor del Centro Cultural Kirchner y tendrá como máximo anfitrión al actual fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques, quien además preside la Asociación Internacional de Procuradores (IAP, por su sigla en inglés). Entre las organizaciones convocantes figura el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) –ligado al Pentágono–, y la agencia estadounidense International Narcotics and Law Enforcement (INL), entre cuyas misiones figura la lucha contra la corrupción, comodín utilizado para la persecución política en Latinoamérica y el Caribe. Mahiques fue denunciado por la integrante de la Sala I de la Cámara de Casación, Ana María Figueroa, de haber sido quien intentó presionarla para que dictaminara contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa del Memorándum de Entendimiento con Irán.
La derecha doméstica, hoy hegemonizada por el macrismo, en alianza con las diversas agencias de Washington, viene desarrollando una implacable ofensiva destinada a colonizar los diversos estamentos de la Justicia en vistas a someter al sistema político y construir un imaginario legal capaz de limitar la irrupción de liderazgos desobedientes, legitimar su necesaria persecución y/o impedir cualquier tipo de orientación estratégica soberana disruptiva con el esquema neoliberal. Durante el menemismo, las mismas fracciones que hoy realizan eventos con agencias relacionadas con el Departamento de Estado lograron apoderarse de la Justicia Federal de Comodoro Py a través de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), controlada entonces por Hugo Anzorreguy.
Esas mismas orientaciones, que en los ‘90 fueron tramitadas por la mayoría automática de la corte menemista, son en la actualidad guarecidas por los cuatro cortesanos supremos, cuyos antecedentes como magistrados se especifican como faltantes. Las operaciones conjuntas de disciplinamiento político y social –con marco de referencia tribunalicia– se concentran en:
- El intento por controlar la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo;
- la paralización del Consejo de la Magistratura;
- la disposición para congelar las causas de espionaje macrista, en especial la GestaPRO;
- la diversificación de capacitaciones para operadores judiciales, orientada a persuadir acerca de la necesidad de la flexibilización y la desregulación exigidas por las corporaciones locales y transnacionales (reforma laboral);
- y la criminalización de las actividades sindicales, apuntando a los camioneros como víctimas paradigmáticas.
Las cinco operaciones están estructuradas sobre la base común de (a) la reducción impositiva para los empresarios, (b) el debilitamiento del movimiento sindical y (c) la proscripción de Cristina. Este trípode fue exteriorizado por varios de los expositores del Coloquio de IDEA, quienes denostaron todo debate de proyectos políticos, asociándolos a una grieta que debe ser superada. El titular de IDEA, Daniel Herrero, invitó a todas las partes en conflicto –trabajadores y empresarios– a “ceder todos un poco”, en un intento por equiparar el rol de las aves y los zorros –equidistantes y corresponsables de la grieta– generado al interior del gallinero.
El intento por hegemonizar la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal aparece como uno de los objetivos centrales del macrismo. Dicho interés se basa en la relevancia que tiene esa instancia en la definición de gran parte de los conflictos gremiales de mayor relevancia sindical. En 2012 la derecha local logró amañar el concurso –por primera vez en ese fuero–, instalando a abogados abierta o disimuladamente funcionales y/o empáticos a la lógica empresarial. En la actualidad, dicha Cámara cuenta con 24 magistrados y seis vacantes. Para completar el número de camaristas, la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura –a cargo de Graciela Camaño– dispuso la convocatoria de un concurso público de oposición y antecedentes que lleva el número 451, destinado a cubrir cargos de vocales en las Salas III y V. La prueba de oposición se realizó el 19 de marzo. Se presentaron 28 postulantes, 21 de ellos pasaron la línea de corte con respuestas completas y 15 fueron calificados con puntajes superiores a los 90 puntos, lo que les permitió posicionarse en las ternas provisorias.
Ofensiva
Juan Manuel Culotta, representante de Daniel Angelici en el Consejo de la Magistratura.
Una vez que fueron divulgados los puntajes, el vicepresidente de la Comisión de Selección de Magistrados, Juan Manuel Culotta –integrante de la lista Compromiso Judicial, fundada por el binguero y asiduo operante de la AFI Daniel Angelici– planteó la nulidad del concurso, motivado por (a) el escaso puntaje alcanzado por los jurisconsultos postulados por su espacio político y (b) el éxito alcanzado por magistrados provenientes de tradiciones más respetuosas de la legalidad existente en el fuero laboral. De hecho, la candidata que obtuvo el máximo puntaje, Graciela Eleonora Slavin, es visualizada –por los adláteres del conglomerado cambiemita residentes en Comodoro Py– como una “terca e inflexible operadora judicial con la que es imposible establecer un diálogo constructivo”. La jueza, que en la actualidad forma parte del Tribunal del Trabajo 2 de Mar del Plata, aparece como el paradigma de quien se empecina en diferenciar a los zorros de las gallinas, motivo más que suficiente para encolerizar a los socios del Compromiso Judicial neoliberal.
Como contrapartida a los puntajes altos obtenidos por candidatos no controlables por las corporaciones –que superaron los 90 puntos–, se pudo observar el paupérrimo nivel alcanzado por los aspirantes promovidos por Culotta y Angelici: Laura Cristina Castagnino –conocida por su cercanía con la camarista Silvia Esther Pinto Varela, también integrante del Compromiso macrista– obtuvo apenas 20 puntos, que la relegó al distante puesto número 25 del orden de mérito. Otro de los ejemplos perdidosos, que se presentaba con aval de los supremos, fue José Facundo Rodríguez Ponte, quien apenas logró 60 puntos, lejos también de la línea de corte. José Facundo impugnó también el concurso haciendo trascender sus pergaminos de consanguinidad con Juan Tomas Rodríguez Ponte, su hermano y actual titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, DAJUDECO.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo está actualmente presidida por Beatriz Ethel Ferdman, una magistrada que integra la agrupación de Angelici y que se mantiene en permanente contacto con Culotta. Este último, antes de solicitar la nulidad, demoró la entrega de las evaluaciones de antecedentes a su superior en el Consejo, Graciela Camaño, presidenta de la Comisión de Selección de Magistrados. En forma paralela, junto con sus socios de Compromiso, se dedicó a descalificar a los jurados del Concurso 451, cuyos integrantes fueron Amanda Beatriz Caubet, Laura Liliana Micieli, Ramón Luis González y Guillermo Barrera Buteler.
Deferentes políticos y gremiales
Pablo Moyano es el paradigma que busca ser quebrantado.
Una vez que fueron divulgados los puntajes, el vicepresidente de la Comisión de Selección de Magistrados, Juan Manuel Culotta –integrante de la lista Compromiso Judicial, fundada por el binguero y asiduo operante de la AFI Daniel Angelici– planteó la nulidad del concurso, motivado por (a) el escaso puntaje alcanzado por los jurisconsultos postulados por su espacio político y (b) el éxito alcanzado por magistrados provenientes de tradiciones más respetuosas de la legalidad existente en el fuero laboral. De hecho, la candidata que obtuvo el máximo puntaje, Graciela Eleonora Slavin, es visualizada –por los adláteres del conglomerado cambiemita residentes en Comodoro Py– como una “terca e inflexible operadora judicial con la que es imposible establecer un diálogo constructivo”. La jueza, que en la actualidad forma parte del Tribunal del Trabajo 2 de Mar del Plata, aparece como el paradigma de quien se empecina en diferenciar a los zorros de las gallinas, motivo más que suficiente para encolerizar a los socios del Compromiso Judicial neoliberal.
Como contrapartida a los puntajes altos obtenidos por candidatos no controlables por las corporaciones –que superaron los 90 puntos–, se pudo observar el paupérrimo nivel alcanzado por los aspirantes promovidos por Culotta y Angelici: Laura Cristina Castagnino –conocida por su cercanía con la camarista Silvia Esther Pinto Varela, también integrante del Compromiso macrista– obtuvo apenas 20 puntos, que la relegó al distante puesto número 25 del orden de mérito. Otro de los ejemplos perdidosos, que se presentaba con aval de los supremos, fue José Facundo Rodríguez Ponte, quien apenas logró 60 puntos, lejos también de la línea de corte. José Facundo impugnó también el concurso haciendo trascender sus pergaminos de consanguinidad con Juan Tomas Rodríguez Ponte, su hermano y actual titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, DAJUDECO.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo está actualmente presidida por Beatriz Ethel Ferdman, una magistrada que integra la agrupación de Angelici y que se mantiene en permanente contacto con Culotta. Este último, antes de solicitar la nulidad, demoró la entrega de las evaluaciones de antecedentes a su superior en el Consejo, Graciela Camaño, presidenta de la Comisión de Selección de Magistrados. En forma paralela, junto con sus socios de Compromiso, se dedicó a descalificar a los jurados del Concurso 451, cuyos integrantes fueron Amanda Beatriz Caubet, Laura Liliana Micieli, Ramón Luis González y Guillermo Barrera Buteler.
Sonrisas: Rosenkrantz en la Embajada de Estados Unidos en 2018 junto al entonces embajador Edward Prado.